María Claudia Delgado Guerra

La inestabilidad política que prepondera en el Perú del siglo XVI comienza desde los primeros enfrentamientos entre españoles con la disputa entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro y el rechazo a la figura de la encomienda de indios, esta merced que otorgaba a los españoles un poder ilimitado sobre poblaciones indígenas y sus tributos. Este sistema de explotación desmedida no solo tuvo consecuencias adversas para las poblaciones originarias, sino que el control de la Corona española sobre el territorio y su usufructo también se vio mermado. Posteriormente, intentos de institucionalización se dieron con las Leyes Nuevas (1542). Este corpus legal se caracterizó por implementar una serie de medidas rigurosas cuyos principales objetivos eran cimentar la institucionalidad del yugo español y optimizar las formas de explotación y rendimiento económico. Algunas de las medidas más importantes en esta nueva gestión fueron las de regular el sistema de encomiendas y la de nombrar corregidores en las ciudades más importantes del nuevo reino. «El monarca castellano pensaba que con la instalación de un alter ego de su persona [Virrey] y la duplicación perfecta de su Audiencia lograría sosegar al convulsionado Perú» (Angeli 2011: 134). No obstante, las Leyes Nuevas fueron motivo de nuevos conflictos como la rebelión de Gonzalo Pizarro y los antiguos encomenderos (1544- 1548) que terminó por fin con la intervención de Pedro de la Gasca.

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